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Líneas de acción

Investigación

Los proyectos de investigación en un Instituto especializado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son vitales para impulsar el desarrollo y generar conocimiento propio en la región. Estos programas permiten profundizar en el estudio interdisciplinario de estos derechos, abordando problemáticas específicas y proponiendo soluciones innovadoras basadas en evidencia. La difusión de los resultados de estas investigaciones a través de publicaciones y conferencias no solo informa y sensibiliza a la comunidad académica y al público en general, sino que también proporciona información crucial para la toma de decisiones a nivel gubernamental y de organizaciones de la sociedad civil. Al generar conocimiento propio, se fortalece la capacidad regional para abordar desafíos como el cambio climático, tal como lo ha subrayado por el Papa Francisco en Laudato Sí y LaudatoDeum, permitiendo un desarrollo más sostenible, inclusivo y equitativo.

Grupos de

Trabajo

En cada línea de investigación se desarrollarán proyectos de investigación vinculados a un área temática específica. Estos proyectos de investigación deberán contar con la aprobación de la Dirección, a fin de que los mismos se enmarquen dentro de los objetivos fundacionales del Instituto. Cada proyecto estará a cargo de un investigador/a responsable y reportará sus hallazgos y consideraciones a la Dirección con una periodicidad semestral.

En América Latina, la carencia de un desarrollo teórico sólido en el ámbito de la «sociología judicial» es evidente, y más preocupante aún es la ausencia de una tradición en teoría política de la jurisdicción. Esto implica la falta de clarificación sobre la función manifiesta y real del poder judicial, así como la necesidad de una crítica constructiva a su estructura institucional para optimizar su desempeño. Aunque la región reconoce la importancia de un poder judicial democrático e independiente, las respuestas respecto a su alcance, competencia, independencia, forma de gobierno y selección de jueces son inconsistentes y carecen de análisis comparativos, a menudo influenciadas por tendencias nacionalistas y desafíos sobre la capacidad de los países latinoamericanos para instituciones democráticas. Esto ha resultado en una confusión de competencias y estructuras judiciales en las leyes y constituciones regionales, influenciadas de manera desordenada por modelos extranjeros y a menudo distorsionadas por intereses corporativos o políticos sin sentido. En cuanto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, se argumenta erróneamente que su efectividad requiere medidas positivas más allá del ámbito judicial, lo que limita el poder de los jueces y los tacha de activistas judiciales. Esta visión busca restringir la protección de estos derechos, lo que puede verse reflejado en decisiones judiciales regresivas que socavan su efectividad y que pueden indicar una influencia perjudicial en el sistema judicial.

Es esencial examinar las estructuras institucionales para identificar posibles fallas que faciliten estas violaciones y promover prácticas efectivas para neutralizar estos riesgos.

El cambio climático se ha convertido en una amenaza existencial para la humanidad, afectando diversos aspectos de la vida humana y poniendo en peligro los derechos sociales de las generaciones presentes y futuras. Es imperativo tomar medidas urgentes para frenar el calentamiento global, reduciendo las emisiones contaminantes, con el fin de mantener la temperatura global dentro de límites seguros. La preservación de un entorno habitable y sostenible es crucial para proteger los derechos humanos de todas las personas. El consenso científico advierte sobre los impactos devastadores del cambio climático, incluyendo la pérdida de ecosistemas, la inseguridad alimentaria, el aumento de la migración y la desigualdad. Es necesario limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5°C para evitar daños irreversibles. La adopción de medidas inmediatas a nivel global, junto con políticas públicas y colaboración internacional, es fundamental para abordar esta emergencia climática y garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras.

Reconocemos que el desplazamiento forzado y las desigualdades socioeconómicas son problemas estructurales que afectan el disfrute pleno de los derechos humanos. Por tanto, se buscará ampliar el enfoque de protección de los derechos humanos más allá de los derechos civiles y políticos, reconociendo la importancia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el contexto migratorio. En este sentido, avanzamos hacia una conceptualización más abarcadora y completa de los factores que caracterizan esta problemática.

Entendemos al colonialismo -en sentido amplio- como la explotación deshumanizante de una población extranjera mediante la sustitución o el control de su aparato de gobierno. El debate en torno al colonialismo original se centra en la distinción entre el discurso que justifica los crímenes coloniales y el enfoque deslegitimador basado en los Derechos Humanos. Estos discursos trazaron las líneas fundamentales de la discusión ideológica durante los últimos quinientos años. El discurso de justificación del colonialismo original, aunque no muy elaborado, estableció la idea de que los originarios eran inferiores y carecían de derechos debido a la falta de compartir la cultura del colonizador. Este concepto influyó en las etapas posteriores del colonialismo en todo el mundo, siendo adoptado y adaptado por varios pensadores.